La defensa adelantó que casará el fallo.

La decisión del Tribunal de Alzada fue por unanimidad. Daniela González fue imputada por la muerte de su bebé de cuatro meses. Sucedió en abril último en Tinogasta.

Daniela González fue imputada por Luis Barros Risatti, fiscal de la Quinta Circunscripción Judicial, con asiento en Tinogasta, por el delito de “homicidio agravado por el vínculo”. A finales de abril del año pasado, su pequeña bebé de cuatro meses falleció de manera dudosa y para los médicos que realizaron la autopsia se trató de una muerte violenta. Dada esta situación, Daniela y su pareja, Antonio Olivera, fueron acusados. Desde hace siete meses, la joven mujer se encuentra detenida, con prisión preventiva, en la Unidad Penal Nº 2 y él, en el Servicio Penitenciario.

La semana pasada se realizó una audiencia, en el marco de esta causa, en la Cámara de Apelaciones; el tribunal estuvo integrado por los jueces Juan Pablo Morales, Marcelo Soria y Marcelo Sago. Su abogado defensor, Julián Quintar, había solicitado la excarcelación, entre otras medidas.

“Mi defendida nunca tuvo participación en el hecho”, aseguró. El abogado defensor señaló que su clienta no tuvo participación en el hecho, ya que al momento del ataque se había marchado de la casa. «La beba fue agredida cuando estaba al cuidado de su padre. Ella estaba en el hospital por la mordedura de un perro». Quintar realizó un relato de lo que fue la declaración de González, quien contó que cuando llegó a su vivienda la esperaba Olivera con la criatura en brazos. «Le dijo que le había estado dando leche y que se ahogó, por lo que la levantó y le dio golpes en la espalda», comentó. 

Además, el abogado manifestó que González era víctima de violencia por parte de Olivera, quien ya en ocasiones anteriores habría maltratado a la pequeña hija en común. Al mismo tiempo, lanzó duras críticas a la labor de los operadores de Justicia de Tinogasta. «El fiscal ha metido en la misma bolsa a los dos. No hizo nunca un parate para verificar los tiempos», sostuvo.
Pese al planteo de la defensa, el Tribunal de Alzada resolvió no hacer lugar al pedido de excarcelación, entre otras cuestiones. De esta manera, se confirmó la resolución, en primera instancia, del Juzgado de Control de Garantías de la Quinta Circunscripción Judicial.

De acuerdo con información a la que accedió El Ancasti, del análisis efectuado se advierten dos requisitos esenciales de la prisión preventiva: presupuesto material y riesgo procesal. Para la Cámara, la acusación no resulta arbitraria, dado que tiene apoyatura en las evidencias de la pesquisa llevada por el fiscal, no afectando la defensa de los imputados.
Finalizada la audiencia, el defensor Quintar comentó que se trató de una formalidad para informar una denegatoria de un recurso de apelación. “Estoy acostumbrado a ver estas sinrazones. Es una copia de la resolución del Juzgado de Control de Garantías. No hubo ningún análisis”, remarcó.

A la vez, adelantó que casará la sentencia en la Corte de Justicia de la Provincia. “Tengo que casar porque es un ultraje a las libertades. Está detenida y no hay ninguna prueba que acredite su detención. No se analizó el ‘in dubio pro reo’, que esta mujer tiene un niño pequeño; que tiene una incapacidad visual del 90 %. Pedí la prisión domiciliaria; se está para resolver. 
Las causas hay que medirlas con la vara del derecho, sin consideración de ninguna otra cuestión que la Justicia. Es una mujer que no tiene condiciones, que la benefician los informes psicológicos y psiquiátricos”, aseguró.
Mientras tanto, aún cabe la posibilidad de que Daniela obtenga la prisión domiciliaria. De ser así, podrá esperar el debate en su casa, al cuidado de su hija mayor.

 

Fuente: www.elancasti.com.ar