CARA Y CRUZ  – (Diario El Ancasti)

La Municipalidad de Fiambalá envió el sábado un parte de prensa que dice: “Con el acompañamiento de la Intendente Roxana Paulón, funcionarios municipales y un gran número de vecinos se concretó la tercera marcha reclamando justicia y el esclarecimiento de la muerte de Elba Ibáñez. La columna de vecinos partió desde el domicilio de Elba y la movilización llegó hasta la comisaría de Fiambalá, adonde corearon cánticos. ‘Ni una menos, viva nos queremos’, ‘Nunca más en nuestro Fiambalá’, ‘Queremos justicia por Elbita’, ‘No se duerman, que aparezca el asesino’, exclamaron por varios minutos frente a la sede policial”.

La gacetilla se giró con una foto de la intendenta Paulón en la marcha.

No puede ser objeto de reproche que la jefa comunal se pliegue al reclamo de su pueblo por justicia para el femicidio de Elba Ibáñez, el único de los tres perpetrados entre el miércoles 28 y el sábado 30 de marzo en Catamarca que todavía no tiene detenidos. Sí es discutible que la oficina de prensa de la comuna se ocupe de promocionar tal adhesión.

¿Qué propósito distinto al de aprovechar la conmoción social por el femicidio de Ibáñez para posicionar la figura de la intendenta puede perseguir el parte oficial transcripto?

Se trata de un uso político lamentable de la tragedia.

También en la marcha realizada en Fray Mamerto Esquiú, donde Diego Herrera asesinó a Georgina Avellaneda, se vivieron momentos incómodos debido a las pretensiones de protagonismo de representantes del municipio, aunque en este caso las autoridades tuvieron el tino de no mandar gacetillas que enfatizaran la obscenidad de tratar de manipular el dolor ajeno.

Por un lado, la solidaridad bien entendida ha de ejercerse con discreción. Esto de andar haciendo bandera con lo sensible que es uno hace dudar acerca de la sinceridad de los sentimientos expresados.

Por el otro, dado el enfilamiento de los intendentes Paulón y Guillermo Ferreyra con el Gobierno provincial, mucho más útil que su participación en las marchas podría ser que hicieran valer su poca o mucha influencia sobre las orejas adecuadas para que se perfeccione el sistema de asistencia y protección a las víctimas de la violencia de género, cuyas lagunas quedaron en evidencia con estos tres últimos homicidios.

Como se sabe, la ley provincial de Violencia Familiar y de Género se aplica parcialmente. En la órbita del Ministerio de Desarrollo Social se puso en funcionamiento el Hogar Warmi, que asiste, asesora y si es el caso alberga a las víctimas, pero no el fuero judicial específico para atender la problemática.

El ministro de la Corte de Justicia José Cáceres consideró que la creación de tal fuero no es necesaria, pues a su criterio bastaría con redistribuir competencias en los juzgados de Familia ya existentes. Lo que se necesita, señaló, es más recursos materiales y humanos.

He ahí un asunto estrictamente político: cuántos recursos públicos se destinarán a partir de ahora, con tres muertas adicionales en la pila de cadáveres, a combatir la violencia de género. Abordarlo es por supuesto menos cómodo que sacarse una foto en las marchas e intentar viralizarla, pero más eficaz si la inquietud por la magnitud del problema es genuina.

Hasta que hechos concretos que bien podrían ser inversiones no verifiquen que la violencia familiar y de género es, como dice la ley en su inicio, de “interés prioritario” para el Estado, los referentes políticos harán mejor en guardar silencio.

Si el problema es de recursos, como dice Cáceres sin que nadie hasta ahora lo haya desmentido, pues habrá que hacer las gestiones necesarias para ver cómo comienza a resolverse.

Si no lo es, alguien debería pensar en qué más puede hacerse mientras se producen los ansiados cambios en la cultura patriarcal que atemperen los impulsos violentos de los hombres sobre las mujeres.

De lo contrario, las expresiones de dolor, solidaridad y preocupación seguirán siendo manifestaciones de la hipocresía.

 

Fuente: www.elancasti.com.ar