Suman las denuncias y asombra la lentitud de la justicia.
Un nuevo hecho grave que atenta contra la integridad física y psicológica de las mujeres sale a la luz en la ciudad de Tinogasta en donde involucra directamente a una persona vinculada a un conocido medio de prensa, quien habría acosado y abusado de una joven desde que ella tenía 12 años de edad, hasta llegar al punto de intentar violarla, según detalla la denuncia pública realizada a través de la página de Facebook “NI UNA MENOS TINOGASTA”, en donde también manifiestan el constante hostigamiento que recibe la presunta víctima por parte del trabajador de prensa.
Al parecer este hecho ya habría sido denunciado ante la justicia, pero hasta el momento no se hizo nada, según reclaman.
Este caso que involucra directamente a un medio de comunicación del Departamento Tinogasta revive el caso de la locutora Fiambalense que denunció ante la justicia ser víctima de acoso y abuso por parte de Arturo Rodríguez, conocido como “El Mosquito”, propietario de una emisora radial de Fiambalá quien fue imputado por el delito de “abuso sexual simple” en perjuicio de la joven locutora y profesora que era explotada en el medio radial en cuestión y que hasta el momento los archivos de la causa estarían durmiendo en algún cajón, aparentemente con el único fin de dilatar los tiempos.
Este caso en Fiambalá tomó trascendencia provincial y nacional por haber sido –el acusado- funcionario municipal, y que a raíz de esta grave denuncia fue literalmente “echado” del municipio de Fiambalá, en donde hacía uso y abuso de su cargo para explotar trabajadores municipales en su medio de prensa particular para su propio peculio y provecho, en la que se incluye a la joven denunciante. Por tal motivo desde la comuna local se prefirió tomar distancia del corrupto.
Ahora con un nuevo caso que sale a la luz, sumado los anteriores que son de público conocimiento en Fiambalá y Tinogasta –incluyendo femicidios-, abren el interrogante en la población sobre el verdadero accionar de la justicia al ver a personas imputadas que gozan de libertad, con privilegios y padrinazgos públicos como si nada hubiese pasado, mientras que las víctimas tienen que vivir aterrorizadas en sus domicilios sin poder salir por el solo hecho de ser mujeres y no contar con los medios económicos y recursos para llevar adelante una demanda y así poder “hacer justicia”.
